Opinión| 21 Jun 2010
Por: Rodrigo Uprimny
Para el nuevo presidente, nuestro país requiere una justicia “deliberante, fuerte y eficaz”. Y por ello señaló que el sistema judicial puede esperar de su gobierno “respeto, colaboración y autonomía”, mientras que de ella se espera “imparcialidad y prontitud en sus decisiones”. Santos buscaría entonces una reforma judicial, que sería concertada con las cortes, “para trazar linderos y dotar a la justicia de herramientas y mecanismos que la hagan más ágil y efectiva”.
Estas palabras de Santos, que suenan razonables, contrastan bastante con los duros ataques que ha recibido la justicia colombiana de parte del gobierno Uribe. Como se sabe, en estos años, no sólo muchos magistrados han sido objeto de espionajes ilegales por el DAS y la UIAF sino que, además, el propio Presidente ha acusado, sin pruebas, a los jueces, y en especial a la Corte Suprema, de tener sesgos a favor del terrorismo.
La pregunta que surge es si este lenguaje de Santos en el tema judicial es simplemente un maquillaje estilístico o es un signo de un esfuerzo genuino del futuro Presidente por lograr realmente un cambio importante y positivo en las relaciones entre el gobierno y la rama judicial.
La respuesta a esa pregunta no es fácil, pues Santos no ha concretado con claridad los lineamientos de esa reforma judicial que ha anunciado.
Algunos elementos que aparecen en su programa presidencial de 110 puntos, como acercar la justicia a la población y promover la eficiencia y la eficacia del aparato judicial, son inobjetables, aunque no sea tan claro cómo se lograrán esos propósitos. Igualmente, la idea de revivir el Ministerio de Justicia, como interlocutor del Gobierno con la rama judicial, parece un paso en la dirección correcta de lograr un entendimiento más fluido entre los poderes del Estado.
Pero el programa de Santos también incluye otras propuestas mucho más polémicas. Aparece, por ejemplo, la idea de trasladar la Fiscalía a la Rama Ejecutiva, con el argumento de que así se coordina mejor la lucha contra la delincuencia y de que por ello en muchos países, como Estados Unidos, el Fiscal General es miembro del gabinete gubernamental.
En Colombia esa propuesta es muy riesgosa. La Asamblea Constituyente de 1991 discutió ampliamente esa posibilidad, pero la rechazó, por el temor de que una Fiscalía dependiente del Ejecutivo fuera en nuestro país un instrumento de persecución política contra los opositores y un mecanismo para asegurar la impunidad de las arbitrariedades cometidas por el Gobierno. Los Constituyentes no querían que la Fiscalía fuera una especie de DAS con mayores poderes. Ahora que se han hecho públicas algunas de las ilegalidades cometidas por dicho cuerpo de inteligencia en estos años, lo menos que uno puede decir es que los temores de los Constituyentes eran fundados. Por eso es tan importante preservar la independencia orgánica y funcional de la Fiscalía frente al Gobierno, sin perjuicio de fortalecer sus mecanismos de coordinación.
El nuevo gobierno parece decidido a plantear una reforma a la justicia; el lenguaje que la sustenta suena apropiado, pero su orientación real no es aún clara. La discusión que se viene es entonces importante, pues esa reforma judicial puede tener un impacto grande sobre el futuro del Estado de derecho. Y lo mínimo es que no retrocedamos frente a lo que hay; el sistema judicial tiene precariedades indudables, que hay que corregir, pero goza aún de una importante independencia, que es necesario preservar y fortalecer, pues ha sido no sólo un dique frente a las ilegalidades y las tentaciones autoritarias de los últimos años, sino también un factor de estabilidad democrática en las últimas décadas.
* Director del Centro de Estudio “DeJusticia” (www.dejusticia.com) y profesor de la Universidad Nacional
Tomado de Elespectador.com
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