Tomado de Elespectador.com
17 Jul 2010 -
Una medida que va en contra del interés público
Por: Eduardo Sarmiento
El Ministro de Hacienda presentó dentro de un gran despliegue un conjunto de normas de austeridad para establecer la regla fiscal. El proyecto eleva la estabilidad macroeconómica al nivel de derecho fundamental y limita el déficit fiscal primario y el endeudamiento a porcentajes predeterminados del PIB.
La reforma se justifica en términos de la bonanza petrolera, que todavía está en el plano de la ficción. De todas formas, la represión fiscal no es el medio apropiado para contrarrestar los efectos de los ingresos de divisas provenientes de las grandes exportaciones petroleras y de la inversión extranjera. En la práctica, no está en capacidad de neutralizar fluctuaciones de divisas de más de 2% del PIB. La incidencia de entradas superiores de divisas sobre la tasa de cambio sólo puede evitarse por la vía monetaria adquiriendo los excedentes con recursos de emisión.
No se ha entendido la causa de la enfermedad holandesa. El origen del mal está en que la expansión de los ingresos petroleros se gasta en importaciones que desplazan la producción industrial y agrícola y el empleo. No hay razón para que ocurra lo mismo a las actividades no transables. Si a los efectos negativos sobre la industria y la agricultura por la revaluación se agrega la contracción de la infraestructura y los servicios por aspectos monetarios, la economía quedaría desprovista de empleo y mercado interno. La actividad productiva se reduciría a extraer petróleo y carbón e intercambiarlo por importaciones.
Las normas son parte de un concierto orquestado y soterrado para debilitar los derechos fundamentales definidos en términos de trabajo, la educación, la salud, la vivienda digna y la prioridad al gasto social establecidos en la Constitución. Desde la aprobación de la Carta en 1991 no se escatiman esfuerzos para impedir su materialización. La ley del Banco de la República le concedió prioridad a la inflación sobre la producción y el empleo. La Ley 100 le entregó la salud y las pensiones al lucro individual. El acto administrativo adoptado en la administración Pastrana congeló el gasto en salud y educación. El marco fiscal de la actual administración constituyó un primer intento de relegar la prioridad del gasto social.
Sin duda, el proyecto presentado al final de la administración Uribe le daría forma constitucional a los intentos de contrarreforma. El derecho a la estabilidad, que es un concepto indefinido, daría margen para todo y le restaría compromiso a los derechos fundamentales. El cumplimiento de las necesidades insatisfechas quedaría condicionado a criterios fiscales y monetarios. La ampliación del gasto social en términos del producto nacional se vería frenado por los topes numéricos del superávit primario y del endeudamiento.
El diagnóstico de la regla fiscal se orienta a darles rienda suelta a los inversionistas y a los ingresos petroleros a cambio de comprimir la industria, la agricultura, el empleo y el gasto público. El remedio resultaría peor que la enfermedad. Lo que se debe hacer es colocar en línea los ingresos y la actividad petrolera con los propósitos económicos y sociales del país, limitando las entradas de capitales e interviniendo el mercado cambiario. Debilitar los derechos fundamentales para que los inversionistas entren a explotar la riqueza nacional es contrario al interés público y viola uno de los principios de fondo de la Constitución.
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