6 de noviembre de 2010

De nuevo: el Palacio de justicia....

NOTA: Dada la importancia de los hechos, damos de nuevo a la publicidad este texto, que no deja de sorprender por las verdades que enunció en ese entonces, y que 25 años después empiezan a conocerse. Es un texto de indudable valor.



19 DE DICIEMBRE DE 2009

Palacio de Justicia: aún sin la justicia de la verdad...


NOTA: El siguiente texto, que apareció en el periódico Le Monde Diplomatique, en español, edición para América Latina, fue escrito por alguien cuya firma aparece ilegible para nosotros, por lo que no podemos anotarla. De igual forma, tiene partes muy borrosas. Tratamos de obtenerlo en una presentación más nítida, pero no pudieron conseguírnosla. De todas maneras, la damos a la publicidad por cuanto es la primera vez que se realizaron señalamientos importantes como la destrucción de los expedientes por parte del ejército, y que éste sabía claramente de las intenciones de la guerrilla.

Supuestamente un traidor a la organización, que al parecer en la actualidad goza de gran prestigio gubernativo, se prestó para que la organización cayera en la ratonera que le tendieron las fuerzas del Estado.

El documento no deja de tener errores de apreciación, pero así mismo, aporta elementos críticos importantes. Es un documento valioso, por el hecho de que al parecer primeramente se supo en el extranjero hechos que sólo ahora la tal "Comisión de la Verdad" acepta, pero enmarañándola con algunas falsedades.



Colombia: el largo sueño de la desmesura



"Es ley que nueva sangre
pida la sangre en tierra derramada.
Para vengar la muerte
la voz de Erinnys a la muerte llama,
y al crimen sigue el crimen,
y sigue la venganza a la venganza..."

Esquilo (Las Coéforas)


Cuando los guerrilleros del M19 en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros comunicaron que si hubieran sabido que el ejército iba a reaccionar con toda la violencia contra el comando que ocupó el palacio de la Corte Suprema de Justicia no habrían realizado tal operativo, sin proponérselo dejaban al descubierto una gran debilidad de la organización: la política(1). Evidentemente, la reacción que podían tener las Fuerzas Armadas fue menospreciada por el grupo insurgente a la hora del análisis, por algo mucho más grave que un simple error de apreciación. Varios hechos así lo comprueban. EXCELSIOR, 11/11/1985


Los enfrentamientos armados entre el ejército y la organización rebelde habían alcanzado altos niveles de generalización y violencia, y ponían en entredicho la capacidad de los militares para controlar la actividad insurreccional del M19 y sus aliados: el grupo Ricardo Franco (importante fracción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC), y la organización Quintín Lame. Un somero recuento de hechos ilustran lo que decimos. Los reiterados combates sostenidos en el departamento del Cauca, al sur del país, con decenas de bajas en las fuerzas gubernamentales, significaron igualmente muchas bajas en las filas insurgentes, y en la población civil, víctima de fusilamientos y bombardeos indiscrimanados.


En el departamento del Valle del Cauca, uno de los más importantes del país por su producción industrial y agrícola, se realizaron combates a lo largo de las Cordilleras Central y Occidental. En zonas rurales comprendidas entre Palmira y Tuluá fuerzas rebeldes se enfrentaron al ejército provistas de modernos fusiles y ametralladoras, además de cohetes tierra-aire, bazucas y morteros, para dar respuesta a una ofensiva gubernamental de varios miles de hombres apoyados por helicópteros, aviones, tanques y artillería, que en su acometida causaron igualmente graves daños a los pobladores de la región. Dichos combates tuvieron como particularidad la combinación de guerra de movimientos y posicional durante más de una semana, con la presencia de un importante volumen de combatientes por ambas partes.


El M19 realizó exitosamente una emboscada contra una patrulla militar causando cerca de medio centenar de bajas al ejército, entre muertos, heridos y prisioneros, en lo que puede catalogarse como el más importante operativo de ese tipo realizado en el país durante los últimos veinte años.


Merece destacarse, por sus características militares, el ataque contra el cuartel del ejército en Armenia, capital del departamento del Quindío, en el cual el grupo rebelde causó cerca de cuarenta bajas y destruyó buena parte de las instalaciones y del equipo bélico. Acción que colmó la "paciencia" de los altos mandos militares y fue, por su importancia, muy superior al ataque de Florencia, capital del Caquetá, en la que se buscó neutralizar el cuartel del ejército, no tomarlo. Acompañado todo lo anterior por decenas de otras acciones armadas, como la ocupación de pequeñas poblaciones y el frustrado intento de secuestro contra el comandante del ejército.


Las represalias del ejército y su decisión de destruir la guerrilla no podían desconocerse. Un claro ejemplo de ello fue la forma fría, deliberada y pública, como fueron fusilados once guerrilleros del M19 en las calles de Bogotá, cuando se entregaron a las fuerzas policiales luego de la fallida toma de un camión repartidor de leche.


Además, dicha escalada militar fue acompañada, a su vez, del endurecimiento de las posiciones del ejecutivo, por boca del ministro de gobierno, de los sectores empresariales y terratenientes y de los partidos liberal y conservador. Todo confluía a la conformación de un sólido frente, político y militar, contra el M19 y sus aliados.


Visto lo anterior, era claro que debía preverse una reacción desmedida por parte de las fuerzs gubernamentaltes en caso de que se realizara la toma del Palacio de Justicia. Plan del cual el servicio de inteligencia militar estaba perfectamente enterado desde dos meses antes. Tal situación fue subestimada por el M19 y, supuestamente, por las fuerzas gubernamentales, como parece señalarlo el reforzamiento de la vigilancia durante una semana, para finalmente reducirla a una ínfima guardia. Verdadera invitación, o, en otros términos, auténtica provocación de las Fuerzas Armadas hacia la guerrilla(2).


Algo que difícilmente podrá imputarse al M19, aunque eran bien conocidas las contradicciones entre el poder judicial y el ejecutivo, dada la independencia del primero, es el suponer que su acción desencadenaría un golpe de Estado de un poder contra el otro; que, a la postre, resultó ser el más sangriento de la historia constitucional colombiana(3). Y con grandes secuelas para la justicia nacional, como la desaparición de los expedientes contra los mandos de las fuerzas armadas de Colombia, acusados de torturas, asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos; la pérdida de los procesos que se seguían al expresidente Turbay Ayala y su ministro de defensa, así como al Procurador de la República durante el gobierno turbayista.


Igualmente fueros destruidos por las llamas expedientes contra ciuadanos colombianos acusados de narcotráfico, cuya extradición solicitaban los EEUU(4). Sin contar los otros miles de expedientes, de diversas materias, que esperaban solución definitiva en los altos estrados de la justicia colombiana.


Una rápida evaluación de las acciones militares, concomitanes a la toma del Palacio por el grupo rebelde y a la recuperación a sangre y fuego por el ejército, ponen en eidencia tanto la superficial evaluación por parte del M19 como la voluntad genocida de las Fuerzas Armadas. Lo referente a la guerrilla queda en claro, en primer lugar, al observar el tipo de armas que los insurgentes portaron para la toma: armas cortas, fusiles, dos ametralladoras y granadas, todas aptas para tratar de mantener a raya un cordón militar de cerco y control, nunca para enfrentarse a tanques o equipos aéreos, para lo cual, como mínimo se requerían cohetes tierra - aire y armas antitanque. En segundo lugar, el número de insurrectos comprometido en la accción fue realmente insuficiente, si se analizan el tamaño del edificio ocupado, su distribución y relación con los edificios cercanos. De los 41 rebeldes, no menos de 16 eran necesarios para la defensa de las puertas de entrada, lo cual dejaba una exigua cantidad para vigilar el techo, en previsión de un ataque con comandos aéreos, controlar rehenes y mantener a raya a las fuerzas gubernamentales que acordonaron la zona.


Si el M19 pretendió suplir esta deficiencia con acciones armadas desde el exterior, éstas fueron insignificantes: unas nueve bombas y pocas escaramuzas con la policía, que prácticamente pasaron desapercibidas, tanto para las fuerzas represivas como para la población(5). Situación que por sí misma es indicativa de la exigua capacidad militar del M19 en la capital de la República, en efectivos y en mandos.


Por su parte, el ejército colombiano reaccionó con presteza inusual(6); en los primeros momentos, mediante agentes vestidos de civil, para impedir la fuga de los guerrilleros. Cinco minutos después, con la presencia del Batallón de la Guardia Presidencial, efectivos de la policía y agentes del F2, quienes sostuvieron nutrido fuego en espera de refuerzos militares en hombres, tanques artillería y helicópteros.


Una hora y veinte minutos después ya el primer tanque había ingresado al Palacio de Justicia. A las dos horas y media del inicio del operativo, estaban en poder del ejército las dos puertas de acceso al inmueble y la azotea. La guerrilla había quedado en total situación defensiva. A partir de este momento es el ejército quien comanda las acciones: dinamita muros en el sótano y la azotea, ataca con cohetes y tanques en el interior y mantiene la ofensiva. Es total al negativa gubernamental a la petición del presidente de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de suspender las acciones y entrar en negociaciones(7). Lo demás es conocido. Es el holocausto: se incendia el edificio en el fragor del combate y 28 horas después de la toma guerrillera el ejército entrega su parte de victoria: todos los guerrilleros eliminados (¿un combate sin prisioneros?), lo cual contrasta con los enfrentamientos en que han caído prisioneros o heridos efectivos gubernamentales, quienes han recibido trato humanitario; once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados, empleados, visitantes y militares también muertos.


La cifra total: más de un centenar. La cifra verdadera tal vez nunca se sepa. De los heridos no se conocen las estadísticas. Eso poco importa. El hecho real, escueto, está ahí: el menosprecio por la vida, la arrogancia y la prepotencia de quienes tuvieron en sus manos impedir la masacre. La "defensa de las instituciones" devino en el genocidio contra una de ellas(7).


De parte del gobierno y el ejército es manifiesta la errónea apreciación sobre la voluntad de combate de los guerrilleros, quienes, ampliamente superados en número, resistieron hasta el final(8), doblegados por la desventaja de más de 50 a 1, diezmados por el incendio y la intoxicación. Desde el punto de vista militar, los méritos de las fuerzas gubernamentales son nulos, como lo comprueban, pese a su abrumadora mayoría(9), 28 horas de combate, un alto número de civiles muertos y los irreparables daños causados al poder judicial colombiano. Por ello, suenan irónicas las palabras de quienes han puesto el caso colombiano como ejemplo para el mundo, y se han apresurado a brindar respaldo irrestricto a dicha represión. A nadie escapa que una solución política, firme por parte del ejecutivo, inclusive sin entrar en negociaciones con la guerrilla, hubiera sido una salida más exitosa para el gobierno, y lo hubiera fortalecido.


Un cuidadoso análisis parece indicar que se trató de una acción fríamente premeditada: desde la manera en que se favorecieron los planes de la guerrilla, dejando sin protección apropiada el edificio(10), la permanencia de una vigilancia de civil en los alrededores, con el propósito de obstaculizar la huida de los guerrilleros; la estructuración del aparato militar que intervino, aun con la intervención del batallón de la guardia presidencial, cuya tarea prioritaria es velar por la seguridad del jefe del Estado. Hechos estos que abren sirios interrogantes y que, posteriormente pueden marcar derroteros insospechados si se efectúan investigaciones por parte del Congreso o de la Procuraduría General de la República.


Una de ellas puede referirse al verdadero papel del Presidente, quien pese a abrogarse la responsabilidad por el operativo y sus consecuencias, más parece una víctima de las circunstancias y un instrumento del aparato militar que el comandante de las Fuerzas Armadas. Costo políticio generado por el equívoco manejo de la cuestión militar y de la tregua por parte de Belisario Betancur. Caía por su peso que las concesiones otorgadas a las Fuerzas Armadas en cuantiosos presupuestos; la permanencia los mandos que se distinguieron por su represión durante el anterior gobierno; la obstrucción alas investigaciones que llevaba a cabo la Procuraduría sobre la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en el organismo paramilitar llamado MAS, autor de centenares de asesinatos y desapariciones, y el permitir que los mandos castrenses obstaculizaran la tregua y el proceso de pacificación, culminarían en el exagerado predominio de los militares en la conducción de los asuntos del Estado.


Independientemente de cualquier investigación, el desgaste político de Belisario Betancur, que ya era muy grande, será mucho mayor como consecuencia de los acontecimientos del Palacio de Justicia. Ello hará aún más difícil la prosecución de la tregua, y preludia nuevas y terribles oleadas de violencia. Un ejército a la ofensiva y sin control es garantía segura de inestabilidad política. Sitaución que se agrava aun más con la proximidad de las elecciones presidenciael y los escasos ocho (8) meses que le restan a Betancur en el ejercicio del gobierno.


Por su parte, la respuesta de las guerrillas no es difícil de prever. No será sólo el recrudecimiento del accionar armado de las agrupaciones que hasta el momento no se sienten obligadas a respetar la tregua, sino el reinicio por parte de las que hasta ahora se abstenían de hacerlo. Es sólo un problema de tiempo, de conveniencia de los movimientos opositores, o, a no dudarlo, de la agudización de las agresiones por parte del ejército colombiano. Las ilusiones se desvanecen. Ya sólo queda la guerra(11). Al menos, mientras otro gobierno, con suficiente fuerza, reinicie el proceso de paz. Lo cual, en parte, depende del resultado electoral. Otra parte sería un mejoramiento sustancial de las condiciones sociales del pueblo colombiano.


Sin embargo, hay que reflexionar sobre las modalidades inmediatas del accionar armado del movimiento insurgente colombiano. ¿Se limitará a los enfrentamientos directos con el ejército y la policía o buscará efectuar acciones de retaliación contra los altos mandos militares y el aparato civil del gobierno? Al menos es claro que para los revolucionarios no habrá consideración alguna por parte de sus enemigos, quienens no hacen prisioneros: sólo muertos, sin importar que formen parte o no de los aparatos armados. Tales son los casos de los crímenes cometidos, posteriormente a los hechos que venimos comentando, contra Ricardo Lara Parada1 , exdirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien luego de purgar larga condena se había dedicado a la actividad política legal, y contra Oscar William Calvo, dirigente del Partido Comunista de Colombia (Marxista Leninista), miembro de la Comisión Nacional de Paz, designada por el Presidente. Es evidente que los mandos militares están decididos a borrar a sangre y fuego a sus opositores.


Así, lo que para el M19 en sus comienzos fue una acción de propaganda armada y denuncia política contra un gobierno moribundo y en crisis, se transformó un en polvorín político. Gobierno y Fuerzas Armadas, desprestigiados por su acción temeraria y sanguinaria, son colocados en la picota pública; los partidos políticos se escinden aún más por tal motivo, pues mientras unos sectores dieron apoyo irrestricto a la acción del ejército, otros, como el Nuevo Liberalismo, exigieron un tratamiento dialogado; la rama judicial, la Procuraduría y parte del Congreso exigen juicio de responsabilidades, al igual que organizaciones populares(12). El andamiaje del establecimiento se sacude hasta sus bases; incluso, se cuestiona la continuidad de Betancur en el poder.


Igualmente el M19 no sale indemne. Al menos en sus niveles de dirección, tanto por las pérdidas humanas sufridas, como por el desgaste político que implicó diseñar un operativo tan riesgoso en pos de objetivos tan limitados en términos políticos(13). Se impone, en cuanto es una organización revolucionaria, un minucioso análisis de las causas y responsabilidades. Hechos como la toma del Palacio de Justicia, entre otras, no pueden quedar velados por el piadoso manto de las invocaciones nostálgicas a los héroes caídos.


Notas:

(1) EXCELSIOR, 11/XI/81
(2) EL DÍA, 10/XI/85
(3) 10/XI/85
(4) EXCELSIOR, 9/XI/85 Con precipitación producida por el desconcierto, las altas esferas gubernamentales acusaron al M19 de connivencia con la mafia y de efectuar la toma con el supuesto ánimo de eliminar los expedientes establecidos contra los jefes del narcotráfico. Argumento muy socorrido por las autoridades gubernativas a partir de que el ex embajador norteamericano L. Tambs la esgrimió como una provocación contra la tregua. La verdad ha sido otra: quienes provocaron la destrucción de los archivos fueron los militares, y quienes reiteradamante han estado vinculados con el narcotráfico internacional han sido, además de éstos, importantes miembros de los gobiernos de turno, del Congreso y de las esferas económicas del país.
(5) EL HERALDO, 7/XI/85
(6) EL TIEMPO, 7 Y 8 XI/85; LA PATRIA, 7 Y 8 XI/85
(7) LA JORNADA, UNO MÁS UNO, EL ESPECTADOR, 8 y 9, XI/85
(8) Un homenaje al valor combativo de los comandos del M19 lo hicieron, sin querer, las fuerzas armadas gubernamentales, cuando tras la toma final del Palacio, se volcaron sobre las calles de Bogotá en camiones, coches y helicópteros expresando su júbilo al grito de ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Nota: los demás pies de páginas o de citas no aparecen en el documento fotocopiado que se nos hizo llegar.


1 Posteriormente se supo que este asesinato lo cometió el ELN.
Publicado por COLECTIVO KOESTLER

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