20 de febrero de 2010

Mamerías




Por Acidonitrix


¿Renunciará el Ministro de Desprotección Social?


Mejor sería preguntarse si el Presidente Uribe lo deja renunciar, si permite que el peso de sus errores lo hunda. La verdad, lo considero imposible. Un ejemplo: el ex director del DAS ahora habla más que un náufrago recién rescatado.

Así que Uribe no puede darse el lujo de que su 'Ministro Estrella' de Desprotección, peón de brega en la Yidispolítica, alejado de su cargo privilegiado empiece a hablar. Ni pendejo que fuera....

Así que tendremos Ministro para largo... y para más contraticos, de esos de ciento cincuenta mil millones de pesos ($ 130.000.000.000.oo), para seguir a 'Tono'... con los negociados de la salud.

Amanecerá y veremos....


19 de febrero de 2010

¡Robledo soy yo!

Para los que se sientan en la obligación moral de rescatar o ayudar a rescatar a nuestro país de manos de las JAR, PARAMILITARES, PARAPOLÍTICOS, CORRUPTOS, URIBESTIALISMO Y OTROS MALES...

VOTE:

POLO y 1.


POR UN SENADOR SERIO, EXTRAORDINARIO QUE REPRESENTA CON DIGNIDAD A LOS CIUDADANOS QUE SIENTEN RESPETO POR SÍ MISMOS; RESPETAN A LOS DEMÁS, Y SON RESPONSABLES DE SUS ACTOS.






VOTE ROBLEDO: POLO y 1

Mamerías

Mamerías
Por Acidonitrix

Los regaños hipócritas de Uribe


Es cierto que los empleados de confianza, llámense ministros o secretarios son 'suiches' que usan los jefes para bajarse de la responsabilidad. Pero no se puede abusar del mecanismo.

Por ejemplo, lo de hoy es ya una manifestación de hipocresía presidencial, y de la grande. Además, una maniobra mixtificadora del Presidente. Regaña al ministro porque supuestamente le había ordenado hace varios años que montara un sistema para atender a los colombianos que se quejaban del servicio: que por teléfono, o por internet, o por... vaya uno a saber que otra pendejada se le ocurre decir.

Que la culpa es de las EPS que prestan mal el servicio, y otras excusas más para sacarle el quite a la responsabilidad. En buen español, sacarle el culo a los resultados negativos de su mandato.

¿En que país vive Uribe, que al parecer nunca había oído hablar de los paseos de la muerte entre hospitales, clínicas y cuantas EPS existen?

¿En qué país, repito vive el Presidente, que no sabía de los sobre costos de las medicinas de 200, 300 y hasta más de 500%, con relación a precios internacionales de Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Canadá y hasta Europa? ¿Y todas las denuncias que se hacían?

Y paremos de contar sobre las infamias que se cometían y cometen a diario, por culpa de las empresas intermediarias de la salud (algunas, al parecer, muy de sus afectos económicos y políticos), las cuales eran pan diario de los noticieros. No abundaremos hoy sobre el tema.

Pero dizque regañar al ministro porque no supo socializar la famosa emergencia social de la salud sí ya es una bellaquería contra los colombianos. Porque es creernos tan imbéciles como para que terminemos creyendo que todo se reduce a una falla de comunicaciones; que no se trata de un atentado contra la salud del pueblo colombiano y una jugada para beneficiar únicamente a los oligarcas dueños de las empresas intermediarias de la salud.

Definitivamente, ya se le chisporroteó el cerebro a nuestro querido re-presidente... No hay duda: ¡ocho años le jodieron el cacumen!

17 de febrero de 2010

Palos de ciego en salud


OPINIÓN


Palos de ciego en salud



Por: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ


EN relación con la reforma a la salud por vía de la Emergencia Social se han venido formulando duras críticas, de todos los sectores, acerca del pésimo manejo que el Ejecutivo le ha dado al asunto:

-El Gobierno no podía acudir al Estado de Emergencia respecto de males crónicos o estructurales, que en el caso de la salud se incubaron y desarrollaron prácticamente desde el nacimiento mismo del sistema en 1993.

-Los hechos estaban tan enraizados y han sido tan protuberantes que la Corte Constitucional tuvo que dictar una sentencia de tutela mediante la cual, desde mediados de 2008, impartió numerosas órdenes al Gobierno, que han debido cumplirse pero que no se cumplieron, y se declaró la emergencia con el pretexto de acatar la providencia judicial. No obstante, las medidas adoptadas -confiadas en su redacción a costosos asesores externos- desconocieron el derecho a la salud y se apartaron de la filosofía garantista del Estado Social de Derecho.

-Se incluyeron disposiciones improvisadas que habrían podido ser objeto de proyectos de ley discutidos de cara al país. Entonces se está ante un complejo legislativo muy enredado que la mayoría desconoce en sus verdaderos alcances, que se ha divulgado por partes, y que todos los días se distorsiona mediante declaraciones verbales. Estas dicen una cosa y otra bien diferente dicen los decretos. Y es una falacia, o revela imperdonable ignorancia, sostener que pueden ser corregidos reglamentándolos o absteniéndose de hacerlo.

-Usando las facultades de excepción se hizo precisamente lo que le prohíbe de manera expresa el artículo 215 de la Constitución: “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”. Y se lesionaron, además de esos derechos, la indispensable discrecionalidad científica, el margen de apreciación y la ética de los médicos.

-Se recargó el costo de medicinas, tratamientos y servicios en cabeza de los usuarios y sus familias, pese a las cotizaciones de años, y se buscó desestimular la tutela, único mecanismo de defensa de los pacientes ante las EPS.

-El Presidente -al parecer, el primer ciudadano sorprendido por lo que firmó-, da un paso atrás y otro adelante. Defiende a regañadientes los decretos, pero los desvirtúa buscando su inaplicación o su derogatoria, medidas que ya no están en sus manos. Y los ministros dicen al respecto toda clase de mentiras.


Tomado de EL NUEVO SIGLO

Mamerías



¿Justicia USA uribizada?

Al parecer a los gringos les llegó el virus furibéstico en cuanto a la justicia. Si no lo cree, ¿cómo es que piden en extradición al fiscal Ramiro Antury Larrahondo por los delitos de apoyar a una red de narcotraficantes, los mismos delitos que cometió el exfiscal Guillermo Valencia Cossio, hermano del actual ministro de Gobierno y justicia, Dr. Fabio Valencia Cossio. ¿Para los amigos de Uribe no hay extradición? ¿Por qué no extraditar al hermano del ministro?

En cuanto a las negociaciones de Metrallo con la mafia, sólo recordemos que es con los mismo grupos que el exfiscal Valencia Cossio mantenía cordiales relaciones, y que las órdenes y comisiones con tales fines se emitieron desde la Casa de Nari.

16 de febrero de 2010

La burocracia obstinada




Por Fernando Bernal Escobar

A lo largo de estos últimos siete años el país atormentado aprendió a tolerar el comportamiento que casi como regla general se ha venido imponiendo entre algunos servidores del Estado, y es aquel caracterizado por su obstinación en mantenerse aferrados a sus propios errores. Dadas las recaídas permanentes y su persistencia en ellos, no pareciera existir explicación posible para intentar comprender los motivos que originan el elevado grado de protección del que gozan tales funcionarios, en las esferas gubernamentales próximas a la Casa de Nariño. Quizás habría que intentar buscarlas más allá de lo que es la simple carencia de idoneidad y la ineptitud para el desempeño de los cargos que les fueron confiados, pues la acumulación de errores sumado el gravísimo efecto que ello tiene en la población, viene precipitando el desmoronamiento del prestigio que logró acumular su superior inmediato, el gobernante, quien solo parece ocuparse en utilizar sus últimas fuerzas para mantenerlos como atornillados en la nómina oficial. Lo más preocupante es que tales funcionarios perdieron hace tiempo cualquier atisbo de propósito de enmienda y carecen ya de la posibilidad de sonrojarse, por lo cual cada vez alejan más las posibilidades para corregir sus desaciertos y lograr detener el grave daño que le vienen ocasionando al país. “Dadme un error y os daré la inamovilidad en el cargo”, pareciera ser la regla de oro que anima parte de la gestión pública.

Las dificultades entre el Ministro de la Protección y el cuerpo médico no son el resultado de un impromptu de última hora. Pareciera como si un espíritu siniestro orientara las retaliaciones en la retórica ministerial. El asunto tiene por lo menos un antecedente bien documentado: en el año 2008 el Ministro se refirió al “error médico”, poniendo en duda el ejercicio profesional de los médicos colombianos. La Academia Nacional de Medicina, entonces como ahora, expidió un comunicado en el cual, entre otras cosas sostuvo: “La Academia Nacional de Medicina rechaza el uso indiscriminado del término “error médico” para expresar la aparición de eventos adversos impredecibles en el complejo proceso de la atención, eventos que todos los profesionales e instituciones tratan de prevenir mediante estrictos protocolos de manejo, y considera que si hay errores en el proceso de la atención, ellos se deben inculpar en primer lugar al Sistema General de Seguridad Social en Salud que dirige el Ministerio de la Protección Social. La Academia Nacional de Medicina de Colombia, en su calidad de organismo consultor y asesor del Gobierno Nacional, solicita se le haga entrega del estudio sobre el cual se soportan las afirmaciones extremadamente delicadas sobre “error médico”, afirmaciones que afectan gravemente la confianza en la medicina colombiana”. Ahora bien podría alguien pensar que el Ministro resolvió retomar el asunto pero endilgando la acusación y reforzando el ataque al cuerpo médico, mediante uno de los decretos de la Emergencia, por lo cual la agresión aleve ha sido elevada a ley de la República, respecto de la cual el simple decreto reglamentario no tendría efectos detergentes suficientes para borrar la afrenta.

Son muchas las cuestiones que han sido olvidadas en la discusión. La seguridad social se estructuró dentro de la relación obrero-empresarial que nace de un contrato de trabajo. De allí surge la afiliación contributiva del trabajador al ICSS, con aportes obligatorios y complementarios efectuados por el patrono. Tales aportes, deberían sumarse a los que el Estado tramposo nunca realizó, los cuales responderían por los riesgos derivados de la actividad laboral y por las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Al lado de la seguridad social marchó la asistencia pública a cargo del Estado, con administrador propio como lo fue el extinto ministerio de salud pública. La reforma de la Carta del 91 decidió acabar la asistencia pública y meter en un solo costal a los clientes del ministerio de salud y de las beneficencias departamentales con los trabajadores que venían cotizando y tenían sus reservas constituidas mes tras mes y por años en el ICSS. Se creó de esta manera un solo bolsillo en el cual los gobiernos pudieron meter la mano sin vergüenza alguna. En el año 1993 el Congreso dictó la Ley 100 dejando huecos, vacíos y zonas oscuras para manejar el voluminoso costal, el cual ha sido entregado a una burocracia indolente que lo manipula a su antojo. Así aparece el FOSIGA repleto de recursos que no paga lo que debe cuando le toca hacerlo. El país se olvidó de los descalabros del IFI que empeñó parte de las reservas del ISS en aventuras empresariales las cuales lo condujeron a la quiebra.

Así mismo se olvidó del BCH al cual se le hizo entrega de la otra parte de las reservas del ISS y también se quebró. Los administradores públicos de la seguridad social, en medio de escandalosa impunidad optaron por destinar los recursos a la compra de ostentosas sedes, aviones y vehículos. En toda la historia de este manejo delictivo solo se conoce el caso de un voraz director a quien sorprendieron por el cobro de una comisioncilla en un contrato. Otros cayeron de para arriba y tan alto, que al parecer los colombianos también ya se han olvidado de ellos.

La negligencia del legislador estimuló el reconocimiento explosivo de derechos por parte de los jueces y en especial por la Corte Constitucional, la que con grandilocuencia en la ya famosa sentencia T-760 de 2008 empezó a construir, según sus propias palabras, el más audaz esquema de seguridad social, como si en adición a su natural función jurisdiccional fuera poder ejecutivo y legislativo a la vez. El caso es que al parecer los autores de la reciente reforma de la seguridad adelantada por la vía de la legislación de emergencia, como que también olvidaron en sus cálculos las contingencias de la exequibilidad de la legislación de emergencia, así como el ejercicio posterior de las acciones de tutela las cuales se multiplicarán, cuando quiera que alguien pretenda desconocer los derechos adquiridos o se exija a los trabajadores la utilización de sus ahorros para sufragar el costo de su novedad. Ya deben encontrarse atareados los funcionarios del ministerio imaginando los protocolos que deben aplicar los médicos, complementados por los vademécum de productos genéricos con los cuales no lograrán curar un guayabo.

Con decretos reglamentarios se intentará hacerle un fraude a la ley, dejando en suspenso las previsiones de los decretos superiores y extraordinarios, respecto de los cuales sabrá Dios, que dirá la Corte en su portentosa capacidad legislativa. Estamos retrocediendo al primer día de nuestra seguridad social.


Fernando Bernal Escobar


La emergencia social desde lo constitucional

La emergencia social decretada por el gobierno Uribe no sólo tiene bemoles en los problemas que pretende atender. Los tiene igualmente, y muy graves, en el plano legal constitucional. El siguiente artículo del Dr. Rodrigo Uprimny es una nota esclarecedora al respecto. Lo recomendamos a los lectores.


15 Feb 2010 - 9:06 pm

Rodrigo Uprimny

Una emergencia poco saludable

Por: Rodrigo Uprimny
EL USO DE LA EMERGENCIA SOCIAL para enfrentar los graves problemas del sistema de salud, muchos de ellos estructurales, es muy poco saludable para la democracia colombiana, incluso si todas las medidas tomadas por el Gobierno hubieran sido muy saludables, lo cual no ha sido el caso.

La razón es la siguiente: los estados de excepción existen para que los gobiernos tomen medidas temporales para enfrentar crisis gravísimas, como un terremoto o un motín desbordado. En esos momentos de extrema emergencia, las democracias admiten un incremento transitorio del poder del presidente y una limitación fugaz de las libertades.


El recurso a un estado de excepción debe entonces ser excepcional. En una buena democracia, el gobierno no debe usarlo para eludir la discusión democrática y tomar medidas que corresponden realmente al Congreso.


Sin embargo, en Colombia, durante la vigencia de la anterior Constitución, la tradición fue la opuesta: los gobiernos recurrían a los poderes de excepción por motivos menores y de esa manera legislaban sobre todos los asuntos, por decreto y sin ningún debate democrático.


Este abuso gubernamental de la excepcionalidad cambió con la nueva Constitución, en especial gracias a la Corte Constitucional. El impacto de esa jurisprudencia ha sido notable y positivo, pues el tiempo que los colombianos vivimos en anormalidad jurídica, que era de más de 80% entre 1970 y 1991, bajó a menos del 18% desde 1991.


Los puntos decisivos del análisis de la Corte sobre la validez de la declaratoria de un estado de excepción son tres: i) si los hechos invocados por el gobierno son o no realmente extraordinarios y graves, si ii) la eventual crisis puede o no ser enfrentada con los instrumentos ordinarios de gobierno y iii) si las medidas anunciadas se orientan exclusivamente a conjurar la crisis, y no a resolver problemas estructurales, pues éstos últimos deben ser enfrentados con la legislación ordinaria.


Si aplicamos estos criterios a la reciente emergencia decretada por el Gobierno, la conclusión es que ésta es inconstitucional, totalmente o en gran parte.


Es cierto que el sistema de salud enfrenta una grave situación pero ésta no es nueva y puede ser enfrentada con medidas legislativas ordinarias. Una buena prueba de lo anterior es que el Presidente anunció el 19 de noviembre que iba a declarar la emergencia, pero sólo la decretó más de un mes después. ¿Por qué no aprovechó ese plazo para proponer al Congreso las medidas más urgentes? ¿Por qué esperó si la crisis era tan grave? ¿Y por qué hace pocos días el Ministro de Protección Social dijo que si se caía la emergencia, el Gobierno tenía un plan B que era llevar las medidas al Congreso? ¿Por qué no se hizo eso desde el principio?


Pero eso no es todo; los decretos no se han limitado a conjurar una eventual crisis sino que han reestructurado el contenido y alcance del derecho a la salud, lo cual corresponde exclusivamente al Congreso. En efecto, supongamos que el Gobierno tenía en parte razón y que había un riesgo inminente de quiebre financiero del sistema de salud (lo cual es discutible). En tal caso, las medidas a ser adoptadas eran exclusivamente aquellas destinadas a evitar tal quiebre, pero no otras que implicaran reformas profundas al sistema de salud, las cuales deben ser debatidas democráticamente antes de ser adoptadas.


Es previsible entonces que la Corte anule la totalidad de la emergencia, o sólo deje en pie algunas pocas medidas financieras. Sería una decisión saludable que permitiría un debate democrático sobre qué hacer con nuestro sistema de salud.



* Director del Centro de Estudios DeJuSticia (www.dejusticia.org) y profesor de la Universidad Nacional


Rodrigo Uprimmy

Tomado de El Espectador

14 de febrero de 2010

Mamerías





Por Acidonitrix


Un gran éxito de Uribe

Definitivamente nuestro querido Presidente anda en uno de sus momentos culmen en la vida política. Ahora los candidatos al Congreso uribistas conservadores y de origen liberal se lo pelean por su origen político: los conservadores alegan que Uribe es... ¡liberal!, y los otros afirman los contrario: que ¡es conservador!

Muy sencillo con el descalabro de la descarada emergencia social, el desempleo, etc., todos quieren pasar de agache y les da vergüenza reconocer que son uribistas o uribestias, como mejor les quede.

Sirva de ejemplo una manifestación de nuestro 'dignísimo coterráneo' el Dr. Jorge Humberto Mantilla en Bucaramanga, en un Barrio popular, a donde sólo asistieron 10 ancianos de esos recalcitrantes godos, con venas azules, camisa azul y pantalones azules. El líder del barrio le informó a su jefe que nadie quería ir ni saber de ellos por lo de la salud. Y que ¡Por Dios, no vayan a mencionar a Uribe!

Al fin.... nadie más fue. Ya ¡hasta los godos se está mamando....!


La foto de campaña de Santos

Pese a que el gran promotor de los 'falsos positivos' (léase crímenes de Estado) alega que está en función de apoyar la re-reelección de Uribe, mandó a que se le hiciera un estudio fotográfico para su campaña, basado en las más modernas teorías del marketing. Los lineamientos fueron claros y sencillos:

1. Debía expresar continuidad con el gobierno de Uribe.

2. Debía ser un condensado de lo mejor de su gobierno.

3. Debía expresar la originalidad del Dr. Santos y su aporte al gobierno de Uribe. Resaltando los elementos más apasionantes de su personalidad, especialmente espiritual, como ministro de hacienda y de guerra.

4. Enviaron la foto para el estudio base.



5.Adoptaron la que mejor representa todos los puntos anteriores. Es la siguiente.


¡Ahí tienen al Rey de los Falsos Positivos! Mejor: ¡El doctor Muerte!

Ilustración: Bacteria